Por Israel MONTOYA
Durante el Seminario “Desarrollo Municipal Sostenible”, que se realizó en la Cámara de Diputados, la magistrada Ixchel Alzaga Alcántara defendió la reforma al Poder Judicial y aseguró que los nuevos Tribunales de Disciplina Judicial buscan recuperar la confianza ciudadana y fortalecer el combate a la corrupción dentro del sistema de justicia.
Invitada por la diputada federal Diana Isela López Orozco, la magistrada afirmó que el derecho no debe mantenerse alejado de la ciudadanía mediante tecnicismos jurídicos y sostuvo que la transformación judicial es indispensable para consolidar los trabajos de seguridad pública que realizan municipios, estados y federación.
“La sanción no es la solución”, expresó durante su intervención, al señalar que el combate a la inseguridad requiere un proyecto integral entre los tres niveles de gobierno y un Poder Judicial comprometido con emitir resoluciones apegadas a derecho.
Alzaga Alcántara recordó que la reforma judicial impulsada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y consolidada con la presidenta Claudia Sheinbaum derivó en la creación de nuevos órganos disciplinarios encargados de investigar y sancionar conductas indebidas de jueces y magistrados.
Según explicó, anteriormente existían actuaciones jurisdiccionales discrecionales que permitían la liberación de probables responsables pese a existir elementos suficientes para mantenerlos sujetos a proceso, situación que, dijo, debilitaba los esfuerzos institucionales en materia de seguridad.
La magistrada detalló que los nuevos tribunales tendrán facultades para: evaluar el desempeño de jueces y magistrados, realizar auditorías, recibir denuncias ciudadanas, investigar posibles actos de corrupción, y emitir sanciones que pueden ir desde amonestaciones privadas hasta suspensiones.
Asimismo, indicó que las investigaciones también podrán considerar omisiones relacionadas con perspectiva de género, protección de derechos humanos y atención al interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Uno de los puntos más relevantes de su participación fue el llamado a socializar entre la población la posibilidad de denunciar a servidores públicos jurisdiccionales por posibles actos de corrupción ante los Tribunales de Disciplina Judicial.
La magistrada reconoció que existe una línea “muy delgada” entre la autonomía judicial y la supervisión disciplinaria, aunque insistió en que el objetivo del nuevo modelo es recuperar la honorabilidad de la impartición de justicia.
Finalmente, puso a disposición de autoridades municipales los canales de acercamiento con los tribunales de disciplina y adelantó que se busca constituir una asociación nacional de estos órganos para fortalecer la coordinación institucional en el país.
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