El diputado local Rigoberto Vargas Cervantes anunció una iniciativa para garantizar la seguridad integral de las y los trabajadores de la educación en el Estado de México, ante el incremento de casos de violencia, extorsión y denuncias falsas en su contra.
En entrevista, el legislador señaló que la propuesta busca reglamentar y fortalecer el derecho constitucional a la seguridad, particularmente para maestras, maestros y personal de apoyo, tanto de escuelas públicas como privadas.
“Hoy muchos docentes se sienten vulnerables. Hay incertidumbre y en algunos casos hasta se considera que ser maestro es una profesión de riesgo”, afirmó.
Vargas Cervantes explicó que la iniciativa plantea sanciones penales contra quienes agredan, extorsionen, amenacen o presenten denuncias falsas contra trabajadores del sector educativo. Asimismo, contempla responsabilidades para autoridades que, tras ser notificadas de un caso de riesgo o agresión, incurran en omisiones.
El diputado recordó casos ocurridos en distintas entidades, incluido uno en Cuautitlán Izcalli, donde una maestra fue agredida físicamente por padres de familia, así como redes de presunta extorsión detectadas en municipios como Nezahualcóyotl. En algunos de estos casos, dijo, se logró sancionar penalmente a los responsables.
De acuerdo con el legislador, la propuesta podría beneficiar a cerca de 250 mil trabajadores del sector educativo en la entidad, considerando docentes federalizados, estatales y personal administrativo y de apoyo.
El diputado informó que espera que la iniciativa entre a análisis en comisiones en las próximas semanas y destacó que ha recibido buena aceptación entre los distintos grupos parlamentarios.
Aclaró que la reforma no pretende generar un “blindaje” para encubrir malas conductas de docentes, sino brindar protección cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad. “Las denuncias legítimas seguirán su curso normal en las instituciones correspondientes”, puntualizó.
Finalmente, reconoció los esfuerzos de la Secretaría de Educación estatal y del Poder Judicial mexiquense en materia de capacitación y mediación, aunque insistió en que es necesario establecer medidas claras en el Código Penal para frenar la violencia contra el magisterio y garantizar que puedan desempeñar su labor con tranquilidad y seguridad.
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