El partido acusa al gobierno de Martha Guerrero de no frenar los delitos ni resolver las inundaciones; también exige revisar salarios y contratos de obra pública.
El gobierno de Martha Guerrero enfrenta cuestionamientos por la inseguridad, las inundaciones y el manejo de recursos públicos en La Paz. El PRI del Estado de México lanzó una serie de acusaciones contra la administración morenista y exigió explicaciones sobre sus resultados y el gasto municipal.
La dirigente estatal priista, Cristina Ruiz Sandoval, presentó cifras que atribuyó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Observatorio Nacional Ciudadano. Según esos datos, de enero a agosto de 2026, el narcomenudeo aumentó 82 por ciento y el homicidio doloso 66.6 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2025.
También reportó incrementos en homicidio culposo, de 53.3 por ciento, y violencia familiar, de 12.3 por ciento. El PRI aseguró además que las carpetas de investigación crecieron 12 por ciento durante el primer año de gobierno de Morena, respecto de 2024.
SUELDOS BAJO LA LUPA Y OBRAS CUESTIONADAS
A las críticas por seguridad se suman los señalamientos sobre la nómina municipal. El PRI cuestionó que el director de OPDAPAS perciba más de 114 mil pesos mensuales, un salario que, según el partido, supera al de la propia alcaldesa.
En materia de infraestructura, la oposición señaló baches en la avenida Texcoco y la calle 2, presuntamente aparecidos pocas semanas después de la entrega de trabajos. También cuestionó que persistan las inundaciones pese a la construcción de colectores para mitigar sus efectos.
El partido exigió auditorías y explicaciones sobre el presupuesto de obra pública, además de respuestas sobre la calidad de los trabajos y el desempeño de los funcionarios.
Los señalamientos colocan bajo cuestionamiento tres asuntos centrales para los habitantes: seguridad, servicios públicos y uso del dinero municipal. Sin embargo, las cifras y acusaciones fueron presentadas por el PRI y deben contrastarse con los registros oficiales y la respuesta del Ayuntamiento para establecer el alcance de las presuntas deficiencias.
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Cristina Ruíz Sandoval

